Mineros de Colombia inician paro nacional contra transnacionales y represión del gobierno

Mineros de Colombia inician paro nacional contra transnacionales y represión del gobierno



PrensaRural |.- En las calles de Caucasia el paro minero comenzó hoy 17 de julio. Los comerciantes, en el centro, hablan de cerrar sus negocios mientras haya manifestaciones y las familias planean la forma de reservar alimentos. Los funcionarios locales ponen caras largas al pensar en la posibilidad de que ocurran desmanes y los mineros informales insisten en la protesta como única salida para reclamar sus derechos.

Desde ahora “hay que separar la paca de arroz, la canasta de huevos, los fríjoles, la sardina y el aceite, porque no se sabe cuánto va a durar el paro”, expresa Albeiro, un taxista de Caucasia que me transporta de camino a la sede de la asociación de mineros del Bajo Cauca.

Mientras dure el paro, Albeiro no saldrá a trabajar el taxi por temor a que ocurran revueltas y le dañen el carro. Lo mismo estarían planeando algunos comerciantes. A lo cual este conductor agrega: “Más marica el que abra, sabiendo que le dañan el negocio”.

Como el común de los caucasianos, Albeiro recuerda los estragos ocurridos durante la protesta anterior, en septiembre de 2011, cuando más de 4 mil 500 mineros del Bajo Cauca Antioqueño y del Sur de Córdoba se congregaron en Caucasia para exigir al Gobierno que suspendiera los operativos policiales contra las minas informales. Los obreros bloquearon la troncal a la Costa Atlántica y se enfrentaron con la fuerza pública en varias oportunidades. Las manifestaciones dejaron varias personas heridas, así como daños en vehículos y locales comerciales.

Pero Albeiro, también sabe con certeza que los mineros informales van a protestar por una razón justificable: “porque no los dejan trabajar”. Además está convencido de que “en este momento la minería es la que sostiene al municipio. Antes era el coquero, ahora es el minero”, concluye, mientras detiene su vehículo frente a la sede de la asociación de mineros.

La oficina queda en un local donde funcionaba una compraventa de oro. Está ubicada en una concurrida y polvorienta calle que bordea una de las riberas del río Cauca. La vía, bastante comercial, está rodeada de tiendas, restaurantes, ferreterías, cantinas, almacenes y, por su puesto, compras de oro, las cuales abundan por doquier en este municipio.

En la sede me espera Ricaurte Tirado, miembro de la asociación, quien con la misma convicción de Albeiro insiste en que la minería es el eje del Bajo Cauca minero, conformado por 12 municipios: seis del Bajo Cauca Antioqueño: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza; tres de Córdoba: Ayapel, Puerto Libertador y Montelíbano; y tres del Sur de Bolívar: Santa Rosa, Puerto Rico y Montecristo, aclara.

En su relato afloran argumentos sólidos para explicar por qué la minería jalona la vida económica de la región. “En este Bajo Cauca minero se estima que 100 mil personas viven de la minería. Son unos 1.200 entables mineros. Cada entable, en promedio, genera 70 empleos directos”, revela Ricaurte, quien continúa aclarando que no sólo los mineros subsisten de esta actividad.

“Sólo en Caucasia se dice que hay unos 2.800 mototaxis. La mayoría de esos conductores no son dueños de las motos, o sea que de eso viven el dueño y el que maneja la moto. Y la minería es lo que mueve el mototaxismo en El Bagre, Zaragoza y Montecristo, porque allá no hay buenas vías. Y a donde no entran las motos van los arrieros a transportar alimentos, mercancías, repuestos o personas”, continúa el dirigente minero.

Así, con ejemplos como éstos, Ricaurte podría pasarse hablando del encadenamiento productivo de la minería, en sectores como el comercio, el transporte, la maquinaria y el servicio doméstico que contratan en los campamentos mineros.

Ya entrando en materia, Ricaurte confirma que el paro está convocado a partir de hoy miércoles 17 de julio de 2013, a partir de las 00:00 horas, en 18 departamentos de Colombia: Antioquia, Quindío, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Bolívar y Córdoba, entre otros.

En principio se espera la participación de unas 15 mil personas y, de prolongarse, “creemos que a los cinco días habría unos 30 mil mineros concentrados en el Bajo Cauca”, advirtió Ricaurte, al revelar que este cese de actividades se viene organizando desde hace tres meses. En todo el país serían más de 100 organizaciones de mineros las que se unirían al cese de actividades.

“Hasta hoy los mineros nunca hemos pedido nada”, afirma Ricaurte dando a entender que los mineros informales han desarrollado históricamente su actividad sin demandar del Estado incentivos, exenciones o apoyos técnicos y financieros.

Pero en esta ocasión, los informales no ven posibilidades de legalizar su actividad, básicamente porque no pueden acceder a los títulos mineros, que en su mayoría ya han sido entregados a multinacionales, ni cumplir con la dura legislación que los deja por fuera del negocio, al exigirles capacidad técnica y suficiencia financiera; requisitos que para un pequeño minero son difíciles de cumplir sin el acompañamiento decidido del Estado.

A este paro se llegó por la criminalización, la persecución y la estigmatización de la cual son víctimas los mineros informales, a quienes la fuerza pública les destruye sus máquinas prendiéndoles fuego como si fueran laboratorios de cocaína. Y, esencialmente, se llegó, porque “el Gobierno incumplió el acuerdo del 30 de noviembre de 2011”, afirma Ricaurte.

Un primer incidente que deterioró la relación entre los mineros informales y el Gobierno, consistió en que los mineros entregaron un listado geo referenciado en el cual se indicaba el lugar donde estaban sus minas. Desafortunadamente ese mismo listado fue utilizado por la fuerza pública para cerrar las excavaciones.[ii]

“Hubo una reunión con el Gobierno el 15 de enero de 2012. Luego en marzo hubo otra reunión y salió un acuerdo respaldando la minería, pero a los ocho días estaban quemando las minas. En julio de 2012, vino Mauricio Cárdenas -Ministro de Minas y Energía-, se reunió con la Alcaldía de Caucasia y luego con la comunidad en el Concejo. Firmó un acuerdo, se comprometió a respetar la pequeña minería en Colombia y no cumplió”, asegura Ricaurte.

Ese mismo día, indicó el líder minero, se acordó la puesta en marcha de un laboratorio piloto de formalización minera, impulsado a través de la Gobernación de Antioquia en convenio con la Universidad Nacional. Al 31 de enero de 2013 se habían diagnosticado y acompañado 25 unidades mineras de la región, 19 de ellas en proceso de legalización, según el primer informe del laboratorio. En el comunicado de la Gobernación se afirmaba que durante el 2013 el proceso continuaría con otras 75 unidades mineras.

No obstante, dice Ricaurte, esa estrategia “está estancada y hace cuatro meses que no vienen.” En síntesis, lo que ven los mineros informales es que no hay voluntad política del Gobierno para avanzar en la formalización y legalización de su actividad, por eso justifican su llamado al cese de actividades para negociar un pliego de peticiones[iii]; cuyo borrador me entrega el dirigente minero al salir de la asociación.

De camino a la Casa de Justicia de Caucasia, leo rápidamente la propuesta de pliego de peticiones de los mineros colombianos, agremiados en la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, que agrupa a mineros de oro, carbón y material de arrastre.

En el documento, solicitan al Gobierno asistencia técnica, crédito oportuno y subsidios para legalización y seguridad social para la pequeña y la mediana minería. También exigen que se otorguen áreas libres a los mineros tradicionales y, de paso, piden al Gobierno liberar las áreas que fueron entregadas mediante licencias que actualmente están vencidas. Finalmente reclaman protección para las legalizaciones que se radiquen hasta el 10 de mayo de 2013.[iv]

La primera petición, insta a desarrollar el artículo 107 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, para crear una figura jurídica que les permita continuar trabajando de manera legal. Y la segunda, a derogar el decreto 2235 y el artículo 106 de la Ley 1450, que es justamente el que permite la quema de maquinaria en operativos de la fuerza pública.

Ya en la Casa de Justicia, el personero de Caucasia, Orlando Ávila, me hace una reflexión crítica sobre este asunto de la legislación minera, no sin antes hacer un llamado a la cordura de los obreros para que no ocurran desmanes, ni atentados contra la vida y los bienes de los ciudadanos, durante el paro minero.

El representante del Ministerio Público empieza por reconocer que han existido fallas de parte y parte, institucionalidad y líderes mineros, para articular un espacio de diálogo, pero advierte que si llegase este espacio, “no solamente sería para cuestionar los posibles actos violentos que se puedan dar, sino para reflexionar sobre la forma como desde la misma legislación se dan actos de guerra o se excluye a mucha gente del trabajo, porque han monopolizado los títulos mineros. Eso es violencia legislativa”, concluye.

Desde este punto de vista, el personero de Caucasia reprocha la actitud gubernamental de criminalizar la minería informal y explica que “en la región hay gente muy buena, que ha trabajado todo el tiempo en la minería, que no son de bandas criminales ni las financian.” Agrega el funcionario, que si en muchos casos los mineros se ven obligados a pagar extorsiones a los grupos ilegales, es porque hay una ausencia del Estado que ha facilitado el accionar de esas agrupaciones criminales.

“O sea, el apoyo indirecto que muchas veces se dice, pues lo tiene que cuestionar el mismo Estado. Y con estas normas lo que se hace es generar más hambre, más miseria y consecuentemente más violencia, más BACRIM, más insurgencia, más delincuencia común”, anota Orlando Ávila.

No obstante su reflexión, el Personero de Caucasia es radical en afirmar que “ningún personero del Bajo Cauca avala manifestaciones como estas”, refiriéndose a las situaciones que puedan ocurrir durante el paro minero. Aunque sí deja claro que respeta el derecho de los obreros a la protesta y que, como Ministerio Público, acompañará los eventos.

Ese, posiblemente, sea el sentir de otras autoridades del Bajo Cauca, que si bien pueden compartir algunas de las reivindicaciones de los mineros, seguramente sienten temor de que el paro vaya a salirse de control.

Esa, también es la preocupación del Gobierno. Por eso en las últimas horas el ministro del Interior, Fernando Carrillo, participó en consejo de seguridad con las autoridades de Antioquia y anunció que este viernes 12 de julio habrá una mesa de diálogo con líderes mineros para buscar alternativas a la protesta.

Habrá que ver si, como en otras ocasiones, el Gobierno logra consumar un acuerdo antes del cese de actividades, porque este paro se ha venido dilatando desde mediados de 2012 a punta de contentillos y promesas, según los mineros, incumplidas.

Hasta no concretarse un nuevo acuerdo, por las concurridas vías de Caucasia se seguirá pasando la voz de que hoy 17 de julio empieza el paro minero. Y ha sido tal la efectividad del anuncio, que hasta el mismo personero reconoció haberse enterado del cese de actividades, por lo que dicen en la calle.

A continuación el comunicado con el pliego de peticiones de los mineros artesanales de Marmato, Caldas:

Pliego de exigencias de los mineros artesanales

Frente a la arremetida del gobierno nacional y su locomotora minero-energética nos hemos visto obligados a salir al primer paro minero nacional este 17 de julio. Nos ha obligado la falta de una legislación favorable al pequeño minero tradicional, la imposibilidad de una legalización de nuestra actividad por la falta de áreas libres para ser adjudicadas, la falta de oportunidades para la legalización que injustamente se ha negado pese a que muchos mineros llevamos más de 13 años en este proceso, la iniciativa que viene adelantando Minerales Andinos de Occidente, filial de la Gran Colombia Gold, para la integración de áreas de los títulos ubicados en la zona alta del cerro el burro y sus áreas colindantes.

Así mismo, el paro es una medida en contra de los nuevos decretos expedidos por el ministerio de minas que perjudican nuestra labor. Decretos como el 2235 que criminaliza a los mineros sin título como mineros ilegales y delincuentes, tratando a los mineros que trabajan honradamente como integrantes de grupos al margen de la ley. El 0933 que niega la oportunidad de continuar los procesos de legalización para la minería de hecho después de haberla presentado una vez años atrás. El 0934 que impide a los municipios y a los concejos municipales ordenar sus territorios los usos del suelo, dejando en manos de la agencia nacional de licencias ambientales y la agencia nacional minera el ordenamiento minero del país.

Ante esta medida del gobierno nacional y su negativa a una respuesta favorable a nuestras solicitudes, se presenta el siguiente pliego de peticiones en busca de una solución clara a nuestra situación como mineros:

1. Exigimos un nuevo Código de minas en el que se incluya claramente a la minería artesanal, pequeña y mediana, que han desarrollado tradicionalmente los mineros nacionales. Definir las características de cada una de las formas de explotación minera y diferenciarlas en sus aspectos técnicos, ambientales, tributarios, sociales, étnicos y económicos.

2. Que se desarrolle el artículo 107 de la ley 1450, creando una figura jurídica de carácter permanente, según la cual los mineros podamos seguir desarrollando nuestras actividades mecanizadas o no, de manera legal.

3. Derogatoria de los decretos 2235 y 0933, y definir una nueva reglamentación del artículo 106 de la ley 1450, con la participación de los mineros tradicionales colombianos, que contemple el cese de los operativos y el archivo definitivo de los procesos judiciales en contra de los mineros nacionales. Que el Estado Indemnice de manera inmediata a los afectados por los daños y perjuicios causados por la destrucción de la maquinaria por parte de la fuerza policial.

4. Respeto a los acuerdos de la OIT en relación con las comunidades afro e indígenas, con respecto al territorio, consulta con consentimiento previo, libre e informado y prelación para las comunidades en el territorio. Que a las comunidades negras e indígenas no se les cobre canon superficiario.

5. Subsidio y respaldo con crédito oportuno y barato para la legalización y asistencia técnica y seguridad social y salud para la pequeña y mediana minería. Reconocimientos legales de la minería de cúbicos, clavados o apiques.

6. Congelamiento de la entrega de títulos mineros y mantener la suspensión del otorgamiento de contratos de concesión a las multinacionales. Otorgamiento de áreas libres a los mineros tradicionales y liberación de las áreas entregadas mediante licencias que actualmente están vencidas y otorgadas en el Decreto 2655 de 1988.

7. Que se protejan los procesos de legalizaciones que se radicaron hasta el 10 de mayo de 2013 y que se creen oficinas de atención para el pequeño y mediano minero en los epicentros mineros del país.

Teniendo claro esto, solicitamos amablemente su acompañamiento e intermediación frente al paro Minero Nacional de este 17 de julio que se realizara. Su veeduría y acompañamiento es de suma importancia para la defensa de la pequeña minería, de nuestro territorio y la forma de vida que por años hemos mantenido. Para mayor información se pueden comunicar a los teléfonos (057+) 3105959230 - 3117713691 – 3206195298 – 3128582271. Correo: asociacionminerostradicionales@gmail.com

De antemano agradecemos su acompañamiento y compromiso en la defensa de la pequeña minería en el municipio de Marmato - Caldas. Colombia

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Fuente 1: Prensa Rural
Fuente 2: Prensa Rural