El gobierno de Brasil obliga a médicos a notificar a la policía sobre mujeres violadas que pidan abortar

El gobierno de Brasil obliga a médicos a notificar a la policía sobre mujeres violadas que pidan abortar

28/08/2020

Redpres |.- El Ministerio de Salud de Brasil publicó hoy una ordenanza que obliga a los profesionales de la salud a notificar a la policía cuando atienden a pacientes que piden abortar debido a una violación, lo que ha generado críticas por parte de los diputados del Congreso.

La ordenanza, que define nuevas normas para la atención en situaciones de aborto en los casos previstos por la ley, como es el caso de violación sexual, se refiere a "notificación obligatoria a la autoridad policial por parte del médico, otros profesionales de la salud o los responsables del establecimiento de salud que acogió al paciente de los casos en los que hay indicios o confirmación del delito de violación".

"Los profesionales mencionados deben preservar las posibles pruebas materiales del delito de violación que se entregarán inmediatamente a la autoridad policial, como fragmentos de embrión o feto con miras a llevar a cabo confrontaciones genéticas que puedan conducir a la identificación del autor respectivo, de conformidad con la ley", añade la ordenanza.

El documento, publicado en la Gaceta Oficial, también establece una serie de medidas que deben ser cumplidas por los equipos sanitarios para que las mujeres embarazadas tengan acceso al procedimiento de terminación del embarazo, entre ellas, el deber de los médicos de informar a la mujer de la posibilidad de ver el feto o embrión en la ecografía, si así lo desean.

Según los críticos citados en la prensa local, esta medida se considera una manera de que las víctimas no recurran al aborto. En Brasil hasta ahora es legal la práctica del aborto si el embarazo es producto de una violación, aunque el gobierno de Jair Bolsonaro ha buscado declarar ilegal todo tipo de aborto, influenciado por grupos de religiosos fundamentalistas y de ultraderecha conservadores.

El texto también obliga que las mujeres firmen un formulario de consentimiento con una lista con las posibles complicaciones que la interrupción del embarazo puede causar.

Ante esta ordenanza, un grupo de 10 diputados federales entregó al Congreso un proyecto de decreto legislativo para anular la medida.

En la propuesta, la congresista Jandira Feghali, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), subrayó que la nueva norma restringe los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual.

"En la práctica, la ordenanza hace imposible el cuidado de las mujeres y niñas que son víctimas de violencia sexual en los servicios de salud, haciendo tales demandas", escribió, citada por el periódico O Globo.

"Recibimos la norma como reacción al reciente caso de autorización judicial para llevar a cabo la interrupción del embarazo de una niña de sólo 10 años (que fue violada) y no con la base técnica que debe guiar las políticas públicas. Esto es inaceptable", añadió Jandira Feghali.

Se refería al caso de una niña de 10 años, que este mes necesitaba una autorización judicial para abortar, después de ser violada por un tío durante varios años, y finalmente quedó embarazada.

El caso, que causó la indignación nacional, llevó a varios manifestantes fundamentalistas religiosos en contra del aborto a reunirse frente al hospital donde la niña estaba en espera para interrumpir el embarazo. Los manifestantes tildaron de "asesino" al equipo médico responsable del caso.

Actualmente, el aborto sólo está permitido en Brasil cuando el embarazo es el resultado de una violación, cuando hay un riesgo de vida para la mujer y si el feto es anencéfalo (malformación que consiste en la ausencia del cerebro o parte de él).

Otros parlamentarios se unieron a las críticas de la ordenanza del ejecutivo.

"Esta ordenanza tiene muchos temas que lastiman la dignidad humana. Prácticamente impide el aborto legal, porque crea una serie de dificultades para desalentar a la víctima. Muchos de ellos ni siquiera saben que pueden realizar el aborto legal, creando una notificación obligatoria a la policía sólo lo hace difícil. La función del Ministerio de Salud es velar por que las mujeres no sufran nueva violencia", dijo a Globo la Sra. Somia Bonfim, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

También del PSOL, la congresista Fernanda Melchionna acusó al ministro interino de Salud, Eduardo Pazuello, de ser "institucionalizando la tortura de las mujeres que han sido violadas".

| Redpres Noticias / Redpres.com | RPN

@RedPresNoticias

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons y puede ser copiada libremente de manera parcial o completa, reconociendo los créditos de la manera especificada por el autor y haciendo mención de la fuente original, y solo para usos informativos, noticiosos, educativos o investigativos y no con fines comerciales. RedPres Noticias