El gran hermano en el Internet de las Cosas
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El gran hermano en el Internet de las Cosas
El gran hermano en el Internet de las Cosas
10/12/2019
Agencias |.- Actualmente, las preocupaciones de los gobiernos por el incremento en el uso de la tecnología para intercambiar mensajes, formas de pensar, posibles planes para atentar contra ellos o los ciudadanos van en aumento. La proliferación de dispositivos que están presentes en la vida diaria y que cuentan con los más avanzados programas para el intercambio de datos provocan aún más nerviosismo entre las autoridades.
Por un lado, tenemos la problemática de que, en efecto, existen grupos e individuos interesados en vulnerar la seguridad de los estados y entrometerse en la vida de las personas con propósitos perversos; es decir, provocar la inestabilidad social de los pueblos y/o robar la identidad de los individuos para ya sea, llevar a cabo actos ilícitos o bien, para el hurto de las pertenencias materiales de su víctima.
Esto pone en un predicamento a la sociedad en su conjunto: en una mano, se necesita que los gobiernos sean vigilantes, pero en la otra, se requieren leyes que garanticen la privacidad de las personas. Lo anterior se ve difícil y hasta contradictorio ¿cómo esperar que los gobiernos vigilen de forma eficiente y al mismo tiempo tengan la sensibilidad para proteger y no vulnerar la privacidad de sus ciudadanos?
Este es el punto medio al que se pretende llegar desde hace tiempo, puesto que en varias ocasiones alrededor del mundo, algunos gobiernos han transgredido los límites de la privacidad de las personas con la justificante de la seguridad nacional.
Parece sencillo, por lo cual es preocupante, cómo algunas autoridades en ciertos países se han apresurado a legislar sobre la materia sin un conocimiento profundo en todas sus implicaciones y viendo sólo un ángulo de las cosas.
La ligereza con la que se están creando leyes da como resultado la simple legalización por parte de los gobiernos para escuchar conversaciones, leer correos electrónicos, analizar comunicaciones privadas a través de las redes sociales y cualquier otro tipo de comunicación entre los individuos indiscriminadamente.
Por supuesto, luego de ser plasmado en una ley, este tipo de actos son legales, más no necesariamente legítimos, debido a que, en muchos de los casos, las personas no representan una amenaza para nadie; sin embargo, las compañías telefónicas o cualquiera que tenga datos importantes sobre algún individuo está prácticamente obligada a entregarlos al gobierno que en ciertas situaciones ya no requieren de la orden de un juez para solicitarlo a la menor sospecha.
Sin embargo y tomando en cuenta que ahora todos los gobiernos y casi todas las compañías con presencia física cuentan con cámaras de videovigilancia en las que son guardadas cientos, sino es que miles de imágenes que deben considerarse como información sensible y que a su vez están alojadas en la nube provocando la tentación de los delincuentes cibernéticos para hacer de ellas; así mismo, todas aquellas instituciones (como los bancos) que guardan los datos biométricos de las personas y que también se apoyan en los servicios de la nube, hacen de esta información un botín irresistible para muchos.
Hemos sido testigos de casos muy escandalosos en el pasado inmediato sobre el robo de datos a importantes empresas y gobiernos y hay una simple cuestión de seguridad que habría evitado los mismos. Como se había mencionado, estas instituciones hacen uso de la nube para guardar millones de datos, por lo que la seguridad de sus sistemas y por ende, los datos de las personas, estarían a salvo con el ocultamiento de la dirección IP de sus sistemas.
De la misma forma, cada individuo debe ser responsable de llevar a cabo las acciones necesarias para mantener un mínimo de seguridad en todos sus dispositivos, siendo también el ocultamiento de la dirección IP altamente recomendada.
Simples medidas que en ocasiones no son tomadas en cuenta y que al verse vulneradas generan pérdidas millonarias y, lo que es más triste, la pérdida de la tranquilidad de las personas.
10/12/2019
Foto Pixabay Photo Services/TheDigitalArtist
Agencias |.- Actualmente, las preocupaciones de los gobiernos por el incremento en el uso de la tecnología para intercambiar mensajes, formas de pensar, posibles planes para atentar contra ellos o los ciudadanos van en aumento. La proliferación de dispositivos que están presentes en la vida diaria y que cuentan con los más avanzados programas para el intercambio de datos provocan aún más nerviosismo entre las autoridades.
Por un lado, tenemos la problemática de que, en efecto, existen grupos e individuos interesados en vulnerar la seguridad de los estados y entrometerse en la vida de las personas con propósitos perversos; es decir, provocar la inestabilidad social de los pueblos y/o robar la identidad de los individuos para ya sea, llevar a cabo actos ilícitos o bien, para el hurto de las pertenencias materiales de su víctima.
Esto pone en un predicamento a la sociedad en su conjunto: en una mano, se necesita que los gobiernos sean vigilantes, pero en la otra, se requieren leyes que garanticen la privacidad de las personas. Lo anterior se ve difícil y hasta contradictorio ¿cómo esperar que los gobiernos vigilen de forma eficiente y al mismo tiempo tengan la sensibilidad para proteger y no vulnerar la privacidad de sus ciudadanos?
Este es el punto medio al que se pretende llegar desde hace tiempo, puesto que en varias ocasiones alrededor del mundo, algunos gobiernos han transgredido los límites de la privacidad de las personas con la justificante de la seguridad nacional.
Parece sencillo, por lo cual es preocupante, cómo algunas autoridades en ciertos países se han apresurado a legislar sobre la materia sin un conocimiento profundo en todas sus implicaciones y viendo sólo un ángulo de las cosas.
La ligereza con la que se están creando leyes da como resultado la simple legalización por parte de los gobiernos para escuchar conversaciones, leer correos electrónicos, analizar comunicaciones privadas a través de las redes sociales y cualquier otro tipo de comunicación entre los individuos indiscriminadamente.
Por supuesto, luego de ser plasmado en una ley, este tipo de actos son legales, más no necesariamente legítimos, debido a que, en muchos de los casos, las personas no representan una amenaza para nadie; sin embargo, las compañías telefónicas o cualquiera que tenga datos importantes sobre algún individuo está prácticamente obligada a entregarlos al gobierno que en ciertas situaciones ya no requieren de la orden de un juez para solicitarlo a la menor sospecha.
Sin embargo y tomando en cuenta que ahora todos los gobiernos y casi todas las compañías con presencia física cuentan con cámaras de videovigilancia en las que son guardadas cientos, sino es que miles de imágenes que deben considerarse como información sensible y que a su vez están alojadas en la nube provocando la tentación de los delincuentes cibernéticos para hacer de ellas; así mismo, todas aquellas instituciones (como los bancos) que guardan los datos biométricos de las personas y que también se apoyan en los servicios de la nube, hacen de esta información un botín irresistible para muchos.
Hemos sido testigos de casos muy escandalosos en el pasado inmediato sobre el robo de datos a importantes empresas y gobiernos y hay una simple cuestión de seguridad que habría evitado los mismos. Como se había mencionado, estas instituciones hacen uso de la nube para guardar millones de datos, por lo que la seguridad de sus sistemas y por ende, los datos de las personas, estarían a salvo con el ocultamiento de la dirección IP de sus sistemas.
De la misma forma, cada individuo debe ser responsable de llevar a cabo las acciones necesarias para mantener un mínimo de seguridad en todos sus dispositivos, siendo también el ocultamiento de la dirección IP altamente recomendada.
Simples medidas que en ocasiones no son tomadas en cuenta y que al verse vulneradas generan pérdidas millonarias y, lo que es más triste, la pérdida de la tranquilidad de las personas.
| Agencias
Fuente: Agencias
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