Una crisis política

Una crisis política


*Opinión por Daniel Innerarity

Uno de los tópicos que ha hecho furor es el que achaca la actual crisis económica a un fallo del mercado y anuncia gozoso un retorno del Estado. Seguro que han contribuido a fortalecer esta impresión de vuelta al keynesianismo clásico las medidas presupuestarias y monetarias adoptadas por muchos Estados, sobre todo las decisiones de rescate financiero adoptadas desde septiembre de 2008. Por supuesto que la crisis se explica como una conjunción de fracasos, pero se ha monopolizado tanto la acusación contra el mercado que me parece necesario, para comprender bien su naturaleza, insistir en que se trata, sobre todo, de una crisis de la política, es decir, de los Estados (que son, hoy por hoy, los principales actores políticos).

Los bancos han olvidado las reglas prudenciales, los inversores han arriesgado demasiado, las agencias de rating han inducido al error sobre la apreciación de los riesgos… El mercado ha cometido muchos errores y es normal que la crisis los sancione. Ahora bien, afirmar que el mercado es el único culpable equivale a no haber entendido bien el fracaso de las instituciones políticas. Y un mal diagnóstico no presagia nada bueno cuando se trata de pensar también las soluciones.

El Estado que emerge tras la crisis es un Estado menos poderoso, debido a la naturaleza global de la crisis y a la limitada eficacia de los instrumentos tradicionales de la política económica. En el curso de los últimos años los Estados han cometido grandes errores de política monetaria y presupuestaria. El incremento del efecto de apalancamiento en la economía mundial es imputable más al fracaso de la política macroeconómica, en especial de la política monetaria norteamericana, que a un fallo de los mercados, cuyo único error ha sido reaccionar como era previsible a las incitaciones de la política. Fue el Estado el que incitó a los bancos a desarrollar sus créditos subprime, ya con la Administración Clinton en 1999, presionada por las asociaciones que denunciaban el carácter discriminatorio de los préstamos hipotecarios. En Francia, unas semanas antes de que se desatara la crisis, tanto los parlamentarios de la izquierda como los de la derecha discutían una proposición de ley sobre el acceso universal al crédito.

Los bancos han tomado el camino de la titulización porque les incitaba a ello una regulación que no imponía ninguna exigencia de capital sobre ese tipo de créditos, fuera la que fuera su calidad.

El gran error de los Estados ha sido olvidar su responsabilidad en materia de riesgos sistémicos. El sistema político, absorbido por los riesgos sociales más inmediatos, ha incumplido sus responsabilidades en materia de supervisión y prevención de riesgos sistémicos, que había delegado en otras instancias a quienes no corresponde esa responsabilidad, como el mercado o las autoridades independientes.

Quizá estemos saliendo de la era del Estado de Bienestar entendido como aquel Estado cuya única fuente de legitimidad era la redistribución, y entramos en otra nueva en la que tan importante al menos es la prevención de riesgos sistémicos. Esto sólo es posible si se cumplen aquellos deberes. Para esta nueva tarea carecen de utilidad tanto el programa de disolución neoliberal de los Estados como el intervencionismo clásico socialdemócrata; de lo que se trata es de salvar una de las instancias más importantes de configuración de la voluntad política, pero en un contexto global que exige otras estrategias.

La recomposición a la que nos va a obligar la crisis incluye una renovación global del papel de los Estados para devolverles los márgenes de maniobra que han ido perdiendo. El debate entre partidarios y detractores distrae la atención del problema fundamental: no es una cuestión de más o menos Estado, ni siquiera de reforma del Estado, sino de redefinición de sus misiones en una sociedad del conocimiento global, es decir, en un mundo en el que la soberanía está abocada a la impotencia y en el que los poderes públicos no tienen más conocimientos que los actores a los que deben regular. Si no reflexionamos en este contexto sobre las finalidades de la política seguiremos impidiendo que el Estado cumpla las misiones que le son propias.

Daniel Innerarity
Catedrático de Filosofía Política y Social, investigador en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática
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