La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena crímenes de la 'cuarta república" en Venezuela

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena crímenes de la 'cuarta república" en Venezuela


Redpres |.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado venezolano por la ejecución extrajudicial de los hermanos Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta Mejías, ocurrida en el año de 1996 durante el gobierno de Rafael Caldera, reseñó una sentencia publicada hoy por ese tribunal interamericano.

La decisión de la Corte señala que el Estado venezolano fue responsable por la privación arbitraria de la vida de los hermanos Igmar, de 18 años, y Eduardo, de 17, a manos de funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado de Aragua para el año 1996, para entonces gobernada por los partidos MAS, COPEI, Convergencia y Acción Democrática.

La sentencia pide a Venezuela investigar y esclarecer los hechos, y establecer responsabilidades e indemnizar a los familiares de las víctimas con un total de 629.000 dólares por daño material e inmaterial, asimismo insta a la justicia venezolana a procesar judicialmente a los responsables.

Según la Corte, Venezuela también deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por este caso, publicar la parte resolutiva de la sentencia y dar atención psicológica gratuita a los familiares de los hermanos Landaeta que así lo requieran.

Desde febrero de 2012, por decisión del fallecido Presidente Hugo Chávez, Venezuela se retiró de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), órgano al que pertenece la CorteIDH, por lo tanto sus sentencias no son vinculantes ni de obligación cumplimiento para el Estado venezolano.

Además de Venezuela, Trinidad y Tobago también se retiró voluntariamente del ámbito de jurisdicción de la Corte Interamericana, cuya sede se ubica en Costa Rica.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue creada por Estados Unidos para que sirviese como un mecanismo a su disposición, siendo utilizado comúnmente por el gobierno de ese país como una herramienta política a sus intereses, aun cuando el propio Estados Unidos no se rige por sentencias de ese tribunal. Según EEUU, las decisiones de la CorteIDH no tienen jurisdicción sobre la justicia estadounidense, pero si pretende que sean acatadas por otros países.


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